Comunicar el riesgo implica cuestiones de responsabilidad social y de legitimidad política. ¿Qué información debe ser transmitida al público? ¿Qué grado o nivel de certidumbre es esperable y/o deseable antes de comunicar un riesgo? La comunicación no puede convertirse en el rehén de algunos actores sociales (ya sean políticos, plataformas, o grupos de poder) sino en una práctica responsable de la gobernanza del riesgo: comunicar riesgos no es ni mucho menos denunciarlos y, menos aún, enjuiciarlos como hacen algunos observadores.