¿Quién evalúa a los evaluadores?

La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo de un mes para que profesores que deseen conseguir la acreditación, presenten su documentación (del 20 de marzo al 20 de abril) en la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP).

El sistema de acreditación, un problema de comunicación política

Lo primero que tengo que decir es que el sistema de la Comunidad de Madrid me parece que contiene más garantías que cualquier otro, incluyendo la ANECA. Y esto, porque ofrece la posibilidad de que, cuando un profesor ve denegada su acreditación, pueda solicitar una mediación y que, en este proceso, le represente otro profesor que, al menos tenga reconocido un sexenio. Todo lo anterior supone la voluntad de una efectiva comunicación política con un segmento del profesorado sobre el que va a descansar la responsabilidad de enseñar e investigar a las futuras generaciones.

Ni me he actuado ni actúo como evaluador ni como componente de la Comisión de Mediación. Sí he actuado como representante de dos solicitantes de acreditación y el resultado ha sido, en los dos casos, satisfactorio. Sin embargo, ha habido una gran diferencia entre los dos casos. En el primero, sólo había cuatro puntos de diferencia entre la puntuación que habían fijado los evaluadores y la exigida para conseguir la acreditación. Los miembros de la Comisión de Mediación se comportaron extraordinariamente bien, dando muestras de una objetividad envidiable.

En el segundo caso, sin embargo, la diferencia entre la puntuación de los evaluadores y la necesaria para conseguir la acreditación era mucho mayor. Pues bien, también en este segundo caso, los revisores se comportaron de una manera igualmente objetiva y la solicitante consiguió la acreditación con muchos más puntos que los exigidos.

Una reforma necesaria

¿Qué hay que reformar en este sistema que me parece modélico? Algo muy sencillo. Los responsables de Educación en la Comunidad de Madrid deberían fijar una, llamémosla, “horquilla de error”, de manera que si unos evaluadores la superaban, ya no volviesen a actuar como tales. En política educativa hay que tomar medidas y hay que comunicarlas, para que el sistema tenga credibilidad ante quienes se atienen al mismo. Es que si no, el daño que pueden causar a los solicitantes puede ser muy grande. Y no ya porque les amarguen el veraneo y les desgasten psicológicamente al rumiar la injusticia que están seguros que han cometido con ellos. Lo peor es que algunos se depriman tanto que ni siquiera acudan a un profesor que represente sus intereses. Si esto es así, nos encontramos ante un grave problema de comunicación política.

Por tanto, que quienes se presenten a evaluadores, estén dispuestos a hacerse responsables de sus actos. Es que, si no, ellos pueden contribuir a que fracase un sistema que me parece muy bueno. Incluso, estaría muy en su punto que la Comunidad encargase una investigación y preguntase a los solicitantes rechazados si han recurrido, o no, los fallos desfavorables que han recibido y que, dentro de la investigación, entrase el examen de la documentación de quienes no hubieran recurrido. Porque si resultase que algunos solicitantes sí reuniesen los puntos necesarios para conseguir la acreditación y no hubieran recurrido, una posible explicación es que no tuvieran confianza en el sistema.

Y eso no se lo puede permitir la Comunidad de Madrid, porque entonces estaría consistiendo un boquete de credibilidad en su comunicación política. Y un error que es fácil de solucionar al principio puede convertirse en una catástrofe al final.Lo que sí podrían hacer otros organismos similares en otras autonomías es abrir un proceso con tantas garantías como el de la Comunidad de Madrid. El gran peligro que existe en los sistemas que no ofrecen la garantía de la mediación es que quienes revisen los Recursos se dediquen a “defendella y no enmendalla”. Éste sí que es, más que un problema, un problemón de comunicación política.

Para acceder a un doctorado es necesario hacer una formación oficial aprobada por la ANECA como es el caso del máster oficial en comunicación o máster en comunicación empresarial que ofrecen de manera oficial desde la UCJC, ya que es la única manera de poder realizar o tener acceso a un doctorado.